Anticonstitucionalistas

He querido pensar y creer que podría tratarse de una estrategia.
Pero el poder judicial no se dedica a proteger ni a salvar a instituciones y a personas.
Por otra parte, dada su naturaleza independiente, tampoco podría formar parte de una labor de docencia compartida. Costaría mucho entender que para preservar el estado de Derecho, el poder judicial tuviera que atacarse a si mismo.

Porque urge, es obligado encararse con fuerza ante los desajuses y delitos que se perpetran en los juzgados, sin reparar en el fundamento de la ley y en el respeto a su funcionamiento, visión u objetivo.

No es este un asunto de naturaleza moral, sino legal. Porque la ley no supone sino el soportar instrumentalmente una defensa frente al delito.

Por eso, el primer paso antes de juzgar a persona dada, es comprobar si esta persona ha cometido algún delito. Si la denuncia no es probatoria, bien porque no aporta indicios o porque se queda vaga, no prospera. Pero por sentido común, compartimos que no se puede comenzar enjuiciamiento alguno como respuesta a una difamación. Para ello, se utiliza la llamada presunción de inocencia de la que casi todos gozamos.

No se cómo se trabaja en los juzgados. Si bien, todos esperamos que, al llegar una denuncia probatoria, se compruebe. Que se utilice el principio de la validez. Que solamente se admitan pruebas válidas, con el objeto de que la otra parte pudiera presentar a su vez otras pruebas válidas y un sujeto imparcial, determinase la fiabilidad de ambas.

No creo que haga falta ser ningún sabueso experto para determinar la validez de una prueba. Para eso tenemos instrumental y personal cualificado. y a veces, para la comprobación simplememte se necesita de un poco de rigor y de ciertas gestiones comprobatorias.

Pero el problema parece ser que es el pensar así y creerlo así. Pensar que en los juzgados se trabaja, se gestiona y se comprueba. En fin, que la institución judicial, funciona.

En estos días, sin embargo, la barbaridad sale a flote en forma de escarnio y desprovista de razón. Sale a flote una mancha que huele a desastre y a peligro. Un humo negro que parece responder al principio de contaminación y destrucción.

Lo publican los medios, pero la gente no grita.

Si hoy es el juez Baltasar Garzón quien se encuentra enjuiciado, mañana podría ser cualquier otra persona, no docta ni letrada, la que se encontrase acusada sin pruebas. Un ciudadano que simplemente no cae bien, sin conocimientos de derecho y sin patrimonio que le permita soportar el embiste y no sucumbir a la fuerza del ataque.

Lo emiten los medios, pero la gente no se asusta.

Me pregunto de qué forma puede preservarles el continuar viviendo como si tal cosa. Si el ir de compras presupone alguna garantía de inmunidad futura.

Porque amparar a los culpables no es garantía de éxito hoy por hoy. Ni de seguro vital. No vivimos bajo régimen dictatorial, ni fuera de marco o de posible contexto.

Por lo tanto, no es una cuestión de supervivencia, ni de degradación.

Tomar postura en contra de las leyes universales, contra Derecho, es cuanto menos peligroso, temerario.

Y pregunto quien anima espeluzantemente a tantos ciudadanos a proclamarse en contra de la Constitución española y de los Derechos Fundamentales.

Es urgente, de importancia vital, manifestarse en contra de la violación del poder judicial. Denunciar la corrupción y la estafa. Elevar la reclamación ante los organismos que velan por el cumplimiento de la justicia en todos los países del mundo. De lo contrario, seremos presas tarde o temprano del delito impune y consentido, permanente y progresivo.

Que quienes atentan y han atentado contra el Estado de Derecho, sean juzgados.